Régimen policiaco

Esto que ha sucedido esta semana pasada es grave, pero por lo visto no tanto como para que tome medidas la fiscalía que hace caso omiso de los hechos porque sin duda los aprueba. La gravedad de los hechos sube de tono con esa indiferencia.

Queda por ver algo todavía más inquietante: de qué otros colectivos o de qué ciudadanos, por su profesión o significación social, se han elaborado informes policiales que están en manos de UPN o de medios de comunicación afines al partido en el Gobierno, que pueden utilizarlos en el mismo sentido, el desprestigio y el linchamiento sociales.

Esos informes policiales negativos, incluso si tratan de actividades plenamente legales, colocan al ciudadano en una situación de indefensión jurídica absoluta. Su vida a merced de un partido político para el que trabaja la policía. Esto no creo que pase en ningún país de Europa. ¿Cómo no se dan cuenta los jueces de esta situación? No lo sé. Tal vez, insisto, porque forman parte de este estado ya plenamente policiaco.

Y grave es que ese partido político utilice los informes policiales con fines electoralistas para echar bencina a una hoguera ya muy apagada y a una dialéctica grotesca y pobretona sobre la unidad de la nación en peligro o los pujos anexionistas de “los vascos”. Las dietas de la Can debieron consumir el seso de la presidenta. Poco seso y mucha mala baba. Tan mala como la de los directores y redactores de varios medios de comunicación que al parecer han utilizado esos mismos informes secretos para la difamación y la calumnia impunes. No les importa la mentira, les importa el linchamiento en que están convirtiendo la actividad política. Sin demonios no son nada, y si estos no existen, hay que inventarlos, hay que satanizar al enemigo, hay que atemorizar y azuzar a los votantes.

Y por si lo anterior no bastara, el último consejo de ministros ha dado luz verde a la Ley de Orden Público o ley Mordaza que el ministro decora de manera falaz como de Seguridad Ciudadana. Una seguridad que no es otra cosa que represión pura y dura, arbitrariedad y violencia institucional por completo impunes, y severos recortes a la libertad de expresión.

Algunos juristas han advertido ya sobre lo que esconde esa burocratización de la represión policial, el sistema de multas administrativas: la indefensión más absoluta del ciudadano que sea detenido, con y sin motivo, como hasta ahora mismo, y multado. Su defensa es en extremo costosa y de entrada tiene que pagar la multa. Abusos y miedo, porque de generar miedo se trata.

El ministro del Interior está haciendo gala de una ideología perversa, la que asoma en el articulado de esa ley pensada para reprimir las protestas ciudadanas y para garantizar la impunidad en la represión, no para garantizar libertades del tipo que sean. Hablan de orden, pero lo que quieren decir con esa palabra es represión, sumisión, silencio, ciudadanos acogotados.

Las ofensas a España, por ejemplo, quedan al arbitrio de un burócrata porque esa ley les hurta a los jueces la potestad de decidir sobre asuntos que, de estar en manos de alguien, debería ser en las suyas. A esto el ministro le llamaba ingeniería jurídica, cuando estamos hablando de un fraude sistemático de ley. Recorte de libertades y recorte grave de potestades institucionales que hasta ahora no se han pronunciado y que habrá que considerar cómplices en el abuso.

Esa ley va a implantarse tarde o temprano con todas las consecuencias, y no es descabellado suponer que le pueden seguir otras normas que alcancen de lleno a la libertad de expresión y a los medios de comunicación críticos con el estado autoritario ya implantado con la ayuda de una mayoría absoluta parlamentaria.

La rebaja en la desmesurada cuantía de las multas previstas en la ley del ministro Fernández no ha sido más que una añagaza para edulcorar el fondo de la cuestión. No se trata ya de su multar más y mejor, sino del sistema policiaco al que esa norma da cobertura legal para beneficio de una clase y una casta sociales. Por ejemplo, los bancos y sus desahucios: desahuciar más y mejor, sin trabas vecinales o sociales.

Con esa Ley de Orden Público, ley Mordaza, en la que llevan meses trabajando (la Cifuentes ya amenazó con ella en el mes de febrero pasado), las libertades ciudadanas quedan en manos de la policía y de ese fantasmal fichero de rebeldes, descontentos e indignados. Que esto no reciba la respuesta adecuada dice mucho sobre la mala salud democrática del país. De eso se trata, no del orden o la paz civiles, insisto, que en sus manos no son otra cosa que violencia institucional, algo que ya han señalado algunos organismos europeos. De lo que se trata es de reducir a la mínima expresión la capacidad de respuesta a los atropellos que se le infligen a la ciudadanía. Con esa ley en la mano van a poder multarnos por lo que se les antoje, donde y como se les antoje, ya estemos en la calle o en nuestra casa, porque su palabra vale más que la nuestra.

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