Burlas y siniestras veras

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Sobre la sentencia que ha recaído en el caso de la tuitera Cassandra y sus chistes sobre Carrero Blanco está todo ya muy dicho, y muy bien dicho en muchos casos. Casi todos de un modo u otro han puesto de relieve la contradicción que supone condenar por terrorismo a quien realiza burlas sobre alguien que, como sus iguales, uniformados, togados o enriquecidos gracias a la dictadura, deberían haber comparecido ante un tribunal de justicia por crímenes y delitos diversos. Otro de los timos de la Transición.

         Son delito las bromas –sobre su buen o mal gusto no se discute aquí–, pero cunde la duda de si también lo es o lo va a ser enseguida –como siga avanzando la justicia y la policía políticas que controlan ahora mismo el país– decir lo que de verdad se piensa de los protagonistas de una dictadura criminal basada en un golpe militar, en la medida en que su memoria está explícitamente defendida desde instancias políticas y gubernamentales con constancia manifiesta. Es decir, ahora mismo escribir un pormenorizado relato histórico sobre el personaje de marras detallando su participación en todas las infamias del régimen franquista no sería delito de terrorismo, reírse de su muerte sí. No sé en qué caso quedaría en peor lugar la memoria de Carrero. Pero si no lo es, puede serlo en cualquier momento

Lo mires por donde lo mires, la sentencia es un retroceso más en la libertad de expresión gracias a la ambigüedad de un articulado penal que permite una manifiesta arbitrariedad en las sentencias relacionadas con la exaltación del terrorismo, el desprecio a sus víctimas o la incitación al odio. No estamos hablando de bienes jurídicos protegibles en aras a una mejor convivencia, sino de ideología dominante, que no es lo mismo.

Lo sucedido y su eco, burlesco o de apoyo feroz a la sentencia, me hace pensar en la gente que proscribe el terrorismo y reputa de tal cualquier lucha armada contra un régimen dictatorial, pero en cambio encuentra plenamente legítimos los golpes militares pasados, presentes y futuros, contra sus propios compatriotas… sin hablar del respeto que gastan a la legalidad y a las decisiones democráticas cuando estas no son de su gusto. Por comentar, sin más lo digo, sin acritud. Y no solo eso, sino que el Gobierno sostiene económicamente fundaciones que tratan de ensalzar una dictadura, como la Francisco Franco, e impide por todos los medios que la justicia actúe contra los franquistas y sus crímenes, desoyendo las reclamaciones de organismos internacionales, a los que acuden cuando les conviene. De las fosas del franquismo para qué hablar.  Ese es el tono de la ética gubernamental.

Tan preocupante o más que esa repulsiva sentencia es la desigualdad legal que se aplica a las expresiones de odio, de violencia expresa, desprecio y burla de víctimas de violencia criminal, practicadas por gentes afines, se ve, a la derecha gubernamental y al matonismo institucional que no son, que se sepa de manera ruidosa, perseguidas, mientras sus muestras se hacen públicas un día sí y otro también. Ni la policía ni la fiscalía parecen actuar. Es inútil denunciarlo porque lo hacemos en balde, lo que acrecienta la sensación de abuso.

         Algo pasa en este país con relación a su Código Penal represivo, a su policía y a la magistratura que la ampara, alienta y encubre en sus abusos y excesos. Para demostrar lo dicho bastan los datos publicados por Alejandro Torrús en su artículo «¿Qué pasa si un policía falta a la verdad?» (Público, 29.3.17) en el que se informa de que, solo en el año 2014, las sentencias condenatorias por delitos contra el orden público ascendieron a 13.475, ocupando el quinto lugar en el ranking de delitos y superan los de hurtos, el tráfico de estupefacientes, la falsedad documental y las estafas. El articulista aporta datos concretos de jueces que se han negado a actuar contra policías que de manera manifiesta no habían sido veraces en sus atestados. No es por tanto un asunto jurídico, sino de ideología política del juzgador, y eso hace que el sistema no sea del todo seguro y funcione no en apoyo de bienes jurídicos por todos compartidos, sino a favor de la ideología dominante. La ley al servicio de la ideología no puede conducir más que al establecimiento de un régimen autoritario y policiaco pleno.

*** Artículo publicado en los diarios del Grupo Noticias, 2.4.2017

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