El baile de las togas

Las noticias bomba se acumulan y para cuando pides que destituyan a la delegada del Gobierno de Madrid a patadas burocráticas en el culo, porque se ha hecho acreedora de eso y más, ya han detenido a Puigdemont, han corrido los bulos de rigor, y ya se alborotan los tendidos cayetanos de la plaza pidiendo la entrada en escena de los puntilleros togados para que descabellen al ex president y se hagan de ese modo acreedores de los trofeos sangrientos de rigor y hasta salgan por la puerta grande de las Salesas.

         Mal lugar ese, imaginario, pero no del todo invisible, entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Va a acabar resultando más inseguro que La Celsa (que ya es historia), o que los aledaños más bravos de la Cañada Real y las narcochabolas fortificadas como búnkeres del pico y el perico. Las lecheras policiales acaban resultando una especie de kundas gratuitas que te llevan a colocarte a golpes de multazos y condenas abusivas, y te colocan, aunque de chunga manera. La ley Mordaza manda.

¿Exagero?  Sin duda, pero el esperpento nacional pide a gritos la exageración, el bureo, el alboroto y contestar a lo que es un despropósito con la carnavalada. Son las armas de los más débiles… nosotros, nos cuenten lo que nos cuenten, que si la ley es igual para todos, que si las urnas, que si la Constitución, que si la Libertad… ná, en manos de esta gente no pasan de ser mandangas.

Madrid es el escenario por donde campan los macarras poligoneros brazo en alto sin recato con la complacencia gubernamental, porque imponer 600 euros de multa a los nazis es complacencia bromista o acoquine manifiesto si se compara con los multazos, palos y cárcel incluso impuestos a manifestantes callejeros de otro signo en reclamación legítima de derechos ciudadanos o en protesta cuando estos se conculcan desde el poder.  Complacencia es justificar con cinismo la no intervención policial contra los delincuentes manifiestos cuando abundan los documentos gráficos de apaleos a menores, mujeres y ancianos sin consecuencia alguna. Macarras, sí, muchos, con o sin tatuajes, con o sin anabolizantes esteroides veterinarios, y no solo en las calles, sino en el Congreso de los Diputados con el insulto, el rebuzno, el desplante de mala taberna, el desprecio como argumentos políticos de peso. Repulsivo escenario ese.

         ¿La prueba de que conviene hacerse invisible para uniformados y togados? La bochornosa vista celebrada la semana pasada contra el diputado canario  Alberto Rodríguez acusado de haberle dado una patada a un policía al que no examino forense alguno y cuyas declaraciones atufan a patraña descarada y a linchamiento político. Está visto que el fiscal no tiene redaños para investigar o poner en duda si los hechos sobre los que basa su acusación abusiva son ciertos, sino que pasa por encima de que no haya pruebas. La inseguridad jurídica es máxima en manos de esta gente. Es mejor no caer en sus redes. Inseguridad jurídica y abuso de autoridad maridan bien en esta taberna de injurias vitales.

         Qué aspectos más distintos tenían el presidente del tribunal acostumbrado a hacer política togada  y el diputado canario que viene de la calle y sus reivindicaciones legítimas. Tal vez se trate de eso: dos mundos por completo irreconciliables, que es algo que pasa cada vez más en este país. Estamos en manos de un sistema judicial de marcada tendencia autoritaria y reaccionaria más incluso que conservadora. Y nos dan prueba de ello de continuo.  El poder judicial se sobresalta y pone de manos si el poder ejecutivo se inmiscuye en sus asuntos, pero el poder judicial se impone donde, como y cuando le viene en gana… es del dominio público, viene a diario en forma de noticias más o menos bomba en casi toda la prensa, tanto en la que apoya la oposición radical al actual gobierno como en la que no. Nuestra vida pública no gira en torno a decisiones audaces para mejorar la vida de nadie que lo necesite con urgencia, sino en torno a sentencias, autos, procesos políticos y al baile imparable de togas, collarones y puntillas.

*** Artículo publicado en Diario de Noticias, de Navarra, y otros periódicos del Grupo Noticias, el 26-IX-2021

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