Impunidad y despropósitos

Ayer hizo 39 años que un mando policial ordenaba a sus fuerzas: «Dad la vuelta a la plaza, preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías, y lo más fuerte que podáis, no os importe matar».

El resultado fue un muerto y cientos de heridos, seis de ellos de bala, dentro y fuera de la plaza de toros de Pamplona. Los sanfermines fueron suspendidos. Nadie pagó por aquello ni por ninguna de las rebabas de la ejemplar Transición, que fueron muchas. Dentro y fuera de Pamplona el olvido de lo sucedido y la absolución de los autores –y de otras infamias policiales-gubernamentales– es absoluto, por voluntad de olvidar y porque sí, porque negar lo sucedido, y con ello avalar la impunidad de los uniformados, es una seña de identidad política y porque estropea el paisaje de una impecable democracia que es un patio de Monipodio en el que se homenajea a Martín Villa, directamente relacionado con lo sucedido entonces.

Si algo va caracterizando la vida pública española es la impunidad gubernamental, la negativa a investigar –sancionada repetidamente por las instituciones europeas y la ONU-, la morosidad procesal, si de abusos policiales se trata, la imposición de penas leves a uniformados o sus indultos –pienso en lo sucedido con los autores de los asesinatos de Almería–, que en muchos caos equivalen a encubrimiento de facto de los hechos cometidos o su absolución social, al margen de la sociedad, en ese coto cerrado que es el gobierno y sus cloacas… que hablen de seguridad jurídica en estas condiciones suena a sarcasmo.

Resulta ineludible referirse a lo que está sucediendo con Alsasua. Considero la petición fiscal y la calificación de los hechos un despropósito jurídico y un uso político y sectario del ordenamiento jurídico, más proclive a la venganza y al escarmiento que al sentido de la equidad y la proporcionalidad que, en mi opinión, debería inspirar las decisiones judiciales, empezando por la fiscalía.

Los agravios comparativos, las dos medidas, la sombra espesa de una justicia desigualitaria, la indefensión, la mentira institucional, la quiebra social y el agravio que no cesa, aparecen en el fondo de esta escena. Mete miedo en qué se ha convertido lo que nadie me va a convencer que no fue una pelea de bar y una historia más turbia que otra cosa, reprobable por supuesto. Este procedimiento está viciado de manera política y mediática desde que se echó a rodar –de manera infame en lo que respecta a medios de comunicación– y prefiero no hacer cábalas sobre cómo puede terminar. Nadie que no discrepe de la versión oficial ha puesto en duda la veracidad del relato de los hechos  porque este se ha montado para obtener unos cómodos aplausos políticos y de público. Nuestros gobernantes nos han acostumbrado a que las versiones oficiales, tan parecidas a las consignas, no tengan credibilidad alguna, salvo para sus adeptos.  Nada importan los atestados del primer momento, las declaraciones del jefe de la Guardia Civil en Navarra, el dictamen de la Audiencia de Navarra, los testimonios presenciales, los verdaderos informes forenses… los mismos hechos se han tergiversados en múltiples detalles para acomodarlos al resultado procesal. A lo que queda del abogado en ejercicio que fui le gustaría ver los informes forenses, repasar en detalle las actuaciones, examinar a los testigos, fijar las circunstancias indubitadas de los hechos…  Por lo demás, es difícil añadir algo a lo ya dicho de manera amarga y menos airada de lo que la actuación togada se merece.

Y lo que es peor, a mi juicio, Alsasua se ha convertido en una trinchera enconada que enfrenta a la ciudadanía. No hace falta sino leer las indecencias que se han escrito en medios gubernamentales o en las redes sociales, que piden el linchamiento de los detenidos sin rubor alguno. Esto es lo que va a quedar de lo de Alsasua, más allá de la sentencia: el agravio que no cesa, el encono, la quiebra social.

 

*** Artículo publicado en Diario de Noticias, de Navarra, el 9.7.2017