Un vino español

jubilado-Billy-Nino-comisaria-Madrid_EDIIMA20181005_0326_19Sí, tiene razón Isabel Celaá, la ministra portavoz del Gobierno, González Pacheco, Billy el Niño, famoso por las torturas practicadas al menos durante el franquismo, de las que sus víctimas le hacen protagonista, es libre de ir a donde le inviten, pero ese es precisamente el problema o parte de este, no ya su libertad, que también, sino que le inviten a actos sociales de las instituciones del Estado. En cualquier otra sociedad, alguien que hubiese cometido los desmanes y atrocidades que sus víctimas le imputan, estaría fuera de la sociedad hace tiempo, pero el caso es que con Transición o sin ella, no pocas instituciones del estado franquista pasaron sin despeinarse a la jolgoriosa democracia que se permitió el lujo de condecorar a quien cometió torturas y asesinatos en la residencia de un gobernador civil, el de Gipuzkoa. Lo cierto es que un gobierno detrás de otro han impedido que se investigue siquiera las atrocidades de las que se acusa a González Pacheco. Los juzgados desestiman las querellas que se interponen contra él sin siquiera escuchar a las víctimas, impidiendo de ese modo el relato oficial de lo padecido.

Para sus víctimas ha tenido que ser un duro trago ver a su torturador compartiendo un vinito español en dependencias policiales, de la mano de un Mariscal de Gante, hermano de una exministra pepera y actual alto cargo del Estado, gracias al sistema de las puertas giratorias del que se benefician los políticos profesionales del sistema. Lo que hace ver que el torturador del franquismo cuenta con apoyos expresos en las actuales instituciones del Estado, lo que sí es de preocupar, con vinito español y muy español de por medio o sin él.

Dicen, una vez más y para variar, que le han abierto un expediente disciplinario a quien invitó a Billy el Niño a la fiesta policial, como quien echa carnaza a una pileta de murenas voraces, cuando la realidad es que la mayoría de esos expedientes no son más que un capotazo que termina en agua de cerrajas. Tiempo al tiempo por mucho que no se trate de armar barullo, sino de legítima protesta y de simple indignación por un estado de cosas sobre el que planea la impunidad, el encubrimiento y la complicidad ideológica.

Por el momento, el gobierno no parece contemplar –y mucho me gustaría equivocarme– la retirada inmediata de condecoraciones a Billy el Niño, como no contempla la derogación de la ley Mordaza, que sí contemplaba, como otra muchas cosas, no ya cuando estaba en la oposición, sino cuando hizo campaña electoral, tal vez para no apartarse de la tradición política de prometer mucho y no dar menos, sino gato por liebre. Estaría bien que el gobierno socialista rompiera por esta vez con la tradición y zanjara este turbio asunto, y pusiera una primera piedra de actitud civil y militante contra la impunidad de los abusos del pasado y del presente. No pueden remitirse al eterno «hablarán los tribunales» porque estos tienen por costumbre y tradición callar de manera lastimosa cuando de las rebababas de las instituciones del Estado se trata o hablar lo menos posible para cubrir el expediente si la alarma social es generalizada y los hechos no cuentan con suficientes apoyos corporativos.

No es ninguna novedad que torturadores condenados por ello han ocupado, una vez indultados, cargos de responsabilidad gubernamental o de servicio uniformado activo sin que eso haya levantado otras protestas que las partidistas, esto es, de quienes están frente a los abusos policiales, no a su favor. El sistema no se critica por mucha mugre que rebose. Además, todo depende de en qué bando nos encontremos. Lo justo y lo injusto depende de si nos beneficia, a nosotros o a nuestros socios sociales, económicos o políticos. Las cosas en sí poco valen si no tienen el aplauso adecuado; si lo tienen, el decoro está de sobra. Solo de ese modo puede entenderse la presencia de alguien execrable, por muy ciudadano libre que sea, según afirma la ministra portavoz, en una fiesta policial de la alegre democracia.

 

Verdades con puñetas

DaUx93hX0AAnIa5Imagino que los lectores estarán a otras, más festivas, y hacen bien. Sucede que si estás fuera de la farra es difícil hablar de ella no ya como si estuvieras dentro, sino en plan de erudito castizo, y es de otros barullos de los que no te queda más remedio que hablar porque para estos no hay tregua que valga. Cuando se apague el eco de la última dulzaina, el pozo negro portátil de nuestros gobernantes seguirá ahí. Conviene saberlo, aunque haya un tiempo en que, por higiene, es mejor olvidarlo.

Sostener que la única verdad es la judicial, como acaba de hacer el ministro de la Policía, el magistrado Grande-Marlaska, además de una melonada, parecería impropio de un profesional del derecho en cualquier país con arraigada tradición liberal o democrática, mientras que aquí revela las temibles trastiendas intelectuales de quien lo dice: el autoritarismo más descarado y me temo que imposible de erradicar porque es de tan arraigada idiosincrasia nacional que hasta resulta de un casticismo sombrío. Son muchos años de confusión de la fuerza con la ley como para que eso desaparezca como por arte de magia.

Con todo, es coherente que el magistrado-ministro dude de la veracidad del copioso informe del Gobierno Vasco acerca de la tortura en el País Vasco, elaborado por el forense Etxeberria, en la medida en que seis de las nueve condenas recibidas por el Gobierno español por no investigar denuncias de torturas corresponden a actuaciones en las que él era juez actuante. Es una forma de protegerse y de justificar su inacción procesal que podría calificarse de encubridora.

No hace falta leer al difunto pensador Tzvetan Todorov, tan elogiado cuando conviene, en su breve ensayo Los torturadores voluntarios (2009), para entender que si la tortura como sistema se sostiene es porque cuenta con un abanico amplio de cómplices o encubridores, y cuando dice quién debe ser tenido como responsable, sostiene que «Los ejecutantes voluntarios de la tortura son menos [responsables] que los altos funcionarios legales que la han justificado y alentado». Todorov, un extranjero, que habla de los americanos…

Y que esto salga la misma semana en que un guardia civil retirado confiese con desfachatez ante las cámaras haber practicado torturas sin que eso tenga consecuencia alguna, resulta todavía más grave. Ahora bien, si tal cosa es posible es porque el antiguo uniformado está seguro de que lo que decía iba a ser silenciado y sobre todo aplaudido.

¿Generar las verdades judiciales?, dice Marlaska acorralado en su dislate. Pero si quienes defienden tal cosa ponen todas las trabas que pueden para que no se investiguen con eficacia y celeridad las torturas. ¿Qué burla es esta? Por no hablar de funcionarios condenados por torturas que luego son indultados y ascendidos.

Me acuerdo de cómo un juez mandó a prisión a un defendido por haber dicho que había sido golpeado en comisaría, tras amenazarle con procesarle… detenido que al final fue absuelto, pero se tragó los palos y el maco. Transición, bonita…

Tampoco hace falta haber ejercido la profesión de abogado y ganado juicios que deberías haber perdido, y perdido los que deberías haber ganado, por habérsete negado medios de prueba, entre otras cosas, para poner en solfa semejante dislate acerca de la Verdad judicial propio de un visionario o de un vendedor de Biblias.

Gran error el del presidente de Gobierno de nombrar ministro de Interior a alguien que trata una de las mayores lacras del sistema democrático español de esa manera. Está visto que no se trata de emprender lucha alguna contra los malos tratos o la tortura, sino de negar su existencia, echando mano de un famoso «manual de ETA» que nunca ha sido puesto a disposición mediática del público para que este juzgue por sí mismo, y que si se trata de unas instrucciones para el caso de detención que se publicaron en Francia, estas no dicen lo que dice la Policía española, los jueces como el ministro y los medios de comunicación que repican una información que tiene mucho de consigna. La carga de la prueba compete a quien afirma, con puñetas o sin ellas.

Billy el Niño y su cuadrilla.

1379621714_215259_1379621822_noticia_normalEl grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas viene a España a ver si el Gobierno cumple con el deber de perseguir a los autores, cuando menos en el papel, y de compensar a las víctimas de los crímenes que tienen su origen en el golpe de estado de 1936 y en el régimen franquista que le siguió. A no dudar, habrá dos versiones, la del Gobierno, mendaz y trapacera, que proclamará hacer todo lo que está en su mano, más incluso, y la que clama por lo desasistidas que puedan estar las víctimas y sus herederos: 130.000 familias que no saben dónde están sus deudos. Se dice pronto. Miles de personas que en todo el territorio nacional batallan con cunetas, archivos, falta de medios materiales y una indiferencia social que en la práctica es una ofensa renovada.

El Gobierno se ha desentendido de esa visita como si no fuera con él, al igual que lo lleva haciendo desde hace meses con el juicio emprendido en Argentina contra la impunidad franquista -mientras en las trastiendas pone todas las trabas jurídicas y diplomáticas que puede: estamos gobernados por tramposos no lo olvidemos-, y lo que es un clamor internacional, en boca del más bobalicón y retorcido de los ministros de Rajoy, Fernández, el policiaco Fernández, no pasa de ser un vago rumor de prensa, algo que ha oído por ahí y a lo que no ha prestado mucha atención porque a su juicio no la merece. Lo que ha oído por ahí es un proceso al franquismo que ellos han impedido se pueda poner en pie en España. Herederos del franquismo son y como tales se comportan. No puede haber sorpresa alguna. (Sigue)
Artículo publicado en los periódicos del Grupo Noticias, 22.9.13